Ciudad en subasta

Reforma

Sábado 07 Mayo 2011

Ciudad en subasta

José Luis Lezama

No es que la venta de un tramo de la calle Rébsamen en la colonia Del Valle a una empresa privada, por parte del gobierno del Distrito Federal, no tenga o no pueda tener una base legal, aún cuando ésta sea precaria y artificial. Lo cuestionable del hecho proviene de sus consecuencias para la construcción del orden urbano y la concordia social, para la imagen pública de la autoridad y para la muy escasa y frágil identidad existente entre gobernantes y gobernados.

El espacio público es esencial para la vida comunitaria. No es, o no debe ser visto únicamente como territorio para la circulación de vehículos y productos. Es ámbito de manifestación cultural, de lucha y disputa política, de recreación, de encuentros y desencuentros, de protesta, de vida cotidiana. Para el filósofo y urbanista francés Henri Lefebvre la ciudad y la calle son lugares de intercambios, de aproximación, de proximidad, de acercamiento. La distancia, dice, deteriora las relaciones sociales, por ello considera a la calle como terreno propicio al acercamiento social y a la construcción de comunidad.

No existe una ciudad libre de reglamentación, de acceso irrestricto. La ciudad y las calles, que actualmente ocupan una gran proporción del espacio urbano, son expresión de poder y de los vicios y virtudes del orden social; expresan desigualdad, censura, y disciplina. El territorio urbano y sus vialidades en distintas sociedades y momentos históricos  han sido espacio de discriminación, de marginación y exclusión. Mujeres, jóvenes, ancianos, minorías sexuales y, sobre todo, los pobres, han sido desterrados u ocultados de la ciudad. En México durante la colonia y el porfiriato los pobres, vagabundos y pordioseros eran retirados de las partes más visibles de la ciudad por “estética del paisaje”, para no perturbar la imagen de prosperidad y progreso que se quería presentar al mundo exterior.  

En el siglo XIX en Nueva York, bajo la “Ley de Vagancia y Absentismo Escolar” las mujeres, madres de niños delincuentes que se aventuraban a deambular solitarias en el espacio público eran arrestadas. En Londres, la “Ley de Vagancia e Invasión Delictiva de las Propiedades” de 1839 prohibía a los niños jugar futbol o volar papalotes en las calles. En los muy masculinos bandos municipales del París de mediados del siglo XIX, las mujeres solas (unattended) o “sin dueño” (unowned) encontraban severas restricciones para desplazarse con libertad por las calles de esta ciudad. Los jóvenes, en México y el mundo, son objeto de acoso y persecución por las fuerzas del orden, sobre todo los más pobres y los que muestran algún símbolo visual de “anormalidad”. La calle no es pues necesariamente territorio para el libre despliegue de las libertades individuales como se afirma con frecuencia. No obstante, la calle y el espacio público constituyen parte de lo que se considera como el derecho a la ciudad, sobre todo a una ciudad que brinde bienestar y propicie la convivencia.

En México son preocupantes el dominio casi exclusivo que ejerce el automóvil sobre la calle y la discriminación que sufre el peatón: muchas calles carecen ya no sólo de plazas, parques y áreas de recreación, sino incluso de banquetas, y en donde éstas existen aun cuando sea de manera precaria, son ocupadas como sitios de estacionamiento de vehículos.

Muchas de las  calles y otros espacios públicos están en posesión del comercio ambulante, de los acomodadores de autos, de talleres mecánicos, de restaurantes, de los conductores de microbuses, de la delincuencia, etcétera. En distintas colonias de las clases medias y altas, aún cuando sin mediar contratos de compra-venta, las calles son apropiadas por los vecinos para enfrentar la inseguridad. Ante el imaginario colectivo la ley es negociable, la autoridad ausente o sobornable y la ciudad una réplica del libre mercado. La relación entre gobernantes y gobernados se rige entonces por el engaño, la simulación, la desconfianza y la sospecha.

Por ello tal vez el jefe de gobierno, en una especie de arrebato de sinceridad, o quizás de candidez, pareció reconocer la imprudencia cometida por su administración al privatizar un bien de uso público, al declarar lo siguiente: “Bueno, obviamente no es el objetivo del Gobierno de la Ciudad ponerse a hacer ventas de calles” (Reforma 28/IV/2011), y de allí la rapidez para rescindir el contrato de compra-venta de la calle en cuestión.

No es buena mercadotecnia, sobre todo en tiempos preelectorales, para la carrera política de un gobernante “ponerse a vender calles”, porque vender la ciudad no sólo es contrario a su esencia constructora de vida comunitaria, sino porque significa comerciar con un bien público y escaso. Más bien se trataría, lo cual le faltó decir y comprometerse al gobernante capitalino, de hacer ciudad, de multiplicar sus espacios comunitarios y sus funciones colectivas y también construir gobierno, igualdad, convivencia, estado de derecho. Página Internet: www.joseluislezama.com