Sueño y pesadilla americana

Reforma

Sábado 21 de mayo 2011

Sueño y pesadilla americana

José Luis Lezama

La Ley de Migración publicada el 25 de mayo no era sólo demanda de los migrantes y de quienes defienden su causa. Era sobre todo urgente necesidad para instituir el Estado de Derecho en un ámbito particularmente precario de nuestro orden social y, potencialmente, corregir la desastrosa situación en la que transcurre la vida e integridad de las personas que transitan por territorio mexicano en su búsqueda por acceder a una parte, por mínima que sea, del llamado “sueño americano”; sueño que para el migrante es más bien una pesadilla, calificada ya en el ámbito internacional de holocausto y tragedia humanitaria.

No es para menos si nos referimos a los 11 mil migrantes secuestrados entre abril y septiembre del 2010 ( 20 mil al año), según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las bandas criminales que operan en una nación que se precia de moderna y civilizada. Asesinatos, secuestros, trabajos forzados, servidumbre sexual impuesta a las mujeres migrantes y violaciones a los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños, hacen palidecer por su crudeza diversos actos contra la vida y la dignidad humana cometidos en distintos lugares y momentos de la historia internacional.

Organizaciones de la sociedad civil han cuestionado algunos aspectos de la Ley, destacando la autorización al Instituto Nacional de Migración (INM) para efectuar operativos y verificaciones domiciliarias que pudieran derivar en actos de violencia inconstitucionales contra la población migrante. En Estados Unidos, tal y como lo documenta Jorge Bustamante, a pesar de la existencia de la Cuarta Enmienda  de la Constitución de ese país, que prohíbe cateos  y detenciones domiciliarias sin orden judicial, estas tienen lugar como una práctica recurrente  en toda la unión americana, llevándose a cabo actos de  violencia contra importantes segmentos de la población latina, especialmente de origen mexicana, sospechosa de residencia indocumentada.

La creación de la Ley era una condición necesaria para la protección de la seguridad y la salvaguarda de los derechos de quienes transitan por territorio mexicano, extranjeros y nacionales, pero no es suficiente. Lo más importante es su puesta en práctica y la vigilancia de su observancia. Por ello resulta crucial la moral de los hombres, las instituciones y la autoridad  encargados de llevar a los hechos el nuevo marco jurídico. Esto resulta fundamental en México, en un contexto de alta criminalidad, de pérdida de control gubernamental en materia de inseguridad, de profundo cuestionamiento a la institución encargada de administrar la política migratoria, en este caso el INM, y de casos diversos de complicidad entre agentes migratorios, cuerpos policiacos y diversas instancias gubernamentales con la delincuencia.

La aplicación de esta ley presupone una reestructuración de las instituciones administrativas, policiales y de procuración de justicia involucradas directa e indirectamente  en el caso, y una democratización y ciudadanización profunda, no sólo de las instituciones en sí mismas, sino de sus procedimientos, que haga posible la participación, vigilancia y sanción ciudadana del quehacer de la autoridad en materia migratoria. Sin esto, cualquier instrumento jurídico, por más avanzado que sea en el plano discursivo, se convierte en simple instrumento de legitimación de un status quo regido hoy por la criminalidad y lo poderes fácticos.

Los migrantes viven una situación de ambivalencia. Son al mismo tiempo seres deseados e indeseados. En los lugares de destino, como es el caso particular de Estados Unidos, son muy deseados por el bajo costo de su trabajo. Éste y sobre todo el  de los indocumentados, además de abaratar los productos con los que la economía estadounidense compite en el exterior, contribuye a la creación de riqueza y bienestar para hacer posible el American Dream. No obstante, los migrantes son indeseados cuando su número rebasa los montos requeridos por las necesidades de la economía del país que los recibe, o cuando se trata de otorgarles derechos. También son muy deseados y apreciados en los países de origen, México, por ejemplo, siempre y cuando se encuentren lejos, fuera del país y fuera también de las obligaciones que un Estado nacional debe de ofrecer a sus ciudadanos. Pero lo que es más apreciado por los Estados nacionales de origen son los ingresos de los migrantes, las llamadas remesas, constituidas por los salarios de los migrantes y para las cuales los gobiernos de los países de origen tienen múltiples  y “buenas ideas” de cómo se debería “invertir” productivamente esa riqueza que, en principio, pertenece sólo a ellos y no a sus gobiernos de origen. Ambos grupos de naciones aman con fervor los beneficios que brindan los migrantes a su economía y a su orden social, pero odian asumir las responsabilidades, obligaciones y los distintos derechos de los que esta población es merecedora. Página Internet: www.joseluislezama.com