D.F., trampa sísmica

Reforma

Sábado 24 de marzo de 2012

D.F., trampa sísmica

José Luis Lezama

            A las doce horas con dos minutos del pasado 20 de marzo no sólo se activó la alerta sísmica en algunas edificaciones de la ciudad de México, se removió también la memoria histórica de miles de ciudadanos con los recuerdos del 19 de septiembre de 1985, cuando la ciudad y sus habitantes padecieron el más grande y dañino terremoto de que se tenga memoria en esta zona del país. Un temblor de 7.4 grados en la escala Richter fue el responsable de semejante recordatorio y de la toma de consciencia de la alta vulnerabilidad que padecemos los habitantes del valle de México ante eventos de esta naturaleza.

            El saldo de este nuevo sacudimiento parece no haber sido tan dramático, al menos el que se reporta a través de datos estadísticos, aunque es obvio que para los familiares de quienes perdieron la vida, la salud, o sus viviendas en los estados de Guerrero y Oaxaca o en la ciudad de México, el sismo se vivió y vive como drama.

El del martes pasado debe ser visto como una advertencia, como una señal de la necesidad de estar preparados para un evento mayor que está por venir, aun cuando no sepamos la fecha, el lugar, la intensidad precisa; es el recordatorio para los habitantes del Distrito Federal, de que vivimos en una trampa sísmica, una trampa que es en una gran medida producto de la acción humana, de la toma o no de decisiones.

            En su trabajo “Sismos y sismicidad en México”, Emilio Rosenblueth revisa la reglamentación para construcciones en la ciudad de México antes y después de 1985, concluyendo que una característica de estas reglamentaciones, que inician en 1942 con el primer reglamento de construcción para el Distrito Federal con normas específicas para prevenir el daño sísmico, es su dificultad para actualizarse. Así, destaca que los eventos sísmicos de menor intensidad en los años posteriores al de 7.9 grados de 1941, hicieron surgir la idea de que no había que actualizar la normatividad. Tuvo que llegar el llamado Temblor del Ángel de 7.5 grados en 1957, para demostrar el exceso de confianza gubernamental. Esta experiencia sísmica dio origen a las llamadas Normas de Emergencia, pero de nuevo, la baja intensidad de los siguientes volvieron a relajar la vigilancia gubernamental y no fue sino hasta 1966 y 1976, que se efectuaron cambios a la regulación; pero de acuerdo a Rosenblueth, siguió sosteniéndose la idea de que no era necesario introducir medidas más rigurosas que las elaboradas después de 1957. Con ese orden normativo se recibió al temblor de 1985, habiéndose requerido de su devastadora experiencia para cambiar la reglamentación por una más estricta a partir de 1987.

            Rosenblueth sostiene que después de 1985 una gran cantidad de edificaciones quedó dañada, que hace falta revisarlas y reforzarlas; también advierte sobre otras que parecen intactas, pero que pudieran estar afectadas o colapsarse en eventos geológicos futuros, sobre todo ante la posibilidad de uno mayor al de 1985, por la presión acumulada por años de concentración de energía no liberada en la llamada Brecha de Guerrero.

            La investigación del profesor Sergio Puente, resumida en su ensayo: “Una megalópolis en riesgo”, publicado en el tomo IV de la obra en 16 volúmenes de El Colegio de México, Los Grandes Problemas de México de 2010, refuerza aún más esta idea de la trampa sísmica en la que se vive en el D.F., al señalar que existen en la ciudad 43,451 inmuebles que fueron diseñados con una normatividad anterior a la del sismo de 1985. De acuerdo al doctor Puente, 2,676 inmuebles en el Distrito Federal pueden ser catalogados de alta y media vulnerabilidad estructural, requiriendo de atención inmediata, con medidas de reforzamiento y cuyos cerca de 26,064 habitantes deberían ser informados de la situación de riesgo que viven.

            La mayor parte de la población que habita estas construcciones, como lo demostró una encuesta, desconoce el grado de vulnerabilidad estructural y el riesgo de sus inmuebles; pocos, por lo tanto, han tomado medidas preventivas para enfrentar un eventual desastre sísmico y, quienes lo han hecho, no han contado con la asesoría de expertos en construcción, para llevar a cabo reforzamientos u otras acciones preventivas.

            Antropólogos y sociólogos han demostrado que en ocasiones, cuando la magnitud del riesgo que enfrenta una comunidad es tan grande y, ante la imposibilidad de darle una respuesta individual, al no tener alternativas viables, se tiende a negarlo, a no verlo, a no percibirlo, a no protegerse. La ignorancia aparece como el mejor remedio. El riesgo que realmente se vive y contra el cual se actúa es el que se percibe; por ello la importancia de la acción informativa de la autoridad para hacer conciencia y brindar opciones reales a la población. Ésta tiene razones entendibles para ignorar el riesgo en el que vive. La autoridad, por el contrario no puede dejar de ver o promover la ignorancia de la situación de riesgo sísmico que enfrentan miles de ciudadanos. www.joseluislezama.com